Tribunal Constitucional de Bolivia - Resolución 0032/2005-CDP

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0572/2005-R
Sucre, 24 de mayo de 2005

Expediente:2004-10314-21-RAC
Distrito:Chuquisaca
Magistrado Relator:Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión la Sentencia de 5 de noviembre de 2004, cursante de fs. 119 a 121 vta., pronunciada por el Juez de Partido y de Sentencia de las provincias Yamparáez, Zudáñez y Azurduy con asiento en Tarabuco del departamento de Chuquisaca, en el recurso de amparo constitucional interpuesto por Dora Beatriz Fernández Choque contra Casiano Quispe Pucho, Alcalde Municipal de Presto, alegando la vulneración de sus derechos a la vida, la salud y la seguridad, al trabajo, a la seguridad social, a la defensa y la garantía del debido proceso consagrados en los arts. 7 incs. a), b), d), k) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2004, cursante de fs. 19 a 22 vta., la recurrente Dora Beatriz Fernández Choque expresa que el 1 de febrero de 2004 fue designada en el cargo de Oficial Mayor Administrativo de la Alcaldía Municipal de Presto, y mediante memorando 02/2004, de 20 de octubre el Alcalde ahora recurrido prescindió de sus servicios. Ante ello, mediante nota pidió al recurrido su reincorporación, presentando el Certificado de atención prenatal 0004541 otorgado por la Caja Nacional de Salud el 26 de octubre de 2004, donde se evidencia los cinco meses que tiene de gestación y que constituye prueba plena para reclamar los derechos vulnerados en caso de despido de una mujer embarazada; carta que entregó con intervención notarial el 28 de octubre de 2004, que el recurrido se negó a firmar, suscribiendo en constancia el testigo que aparece al pie de la certificación.

Aclara que el 17 de septiembre de 2004, en nota dirigida al Alcalde recurrido cumplió en comunicar a la institución su estado de embarazo presentando certificado médico y el 20 de septiembre del mismo año, el recurrido le contestó indicándole que al encontrarse en estado de gestación gozará de las consideraciones que le faculta la ley para garantizar su derecho al seguro social. Posteriormente, no obstante haber recibido el 6 de octubre de 2004 una nota de felicitación por su desempeño, el Alcalde recurrido le hizo objeto de hostigamiento seguramente con la intención de designar en su puesto a un correligionario o pariente, atentando con su despido sus derechos y garantías constitucionales y ante todo la estabilidad laboral de la mujer embarazada protegida por la Ley 975 de 2 de mayo de 1988.

Agotados todos los recursos, plantea el presente amparo para hacer prevalecer sus derechos.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La recurrente estima vulnerados sus derechos a la vida, la salud y la seguridad, al trabajo, a la seguridad social, a la defensa y la garantía del debido proceso consagrados en los arts. 7 incs. a), b), d), k) y 16 de la CPE.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Plantea recurso de amparo constitucional contra Casiano Quispe Pucho, Alcalde Municipal de Presto, solicitando la procedencia del recurso, por ende, se disponga la restitución a su cargo en el día y en medida cautelar, se deje sin efecto la nueva designación efectuada en su reemplazo, sea con responsabilidad civil del recurrido, con costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de amparo constitucional

Efectuada la audiencia el 5 de noviembre de 2004, en presencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 117 a 118, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

La recurrente a través de su abogado ratificó su demanda manifestando que fue objeto de un despido arbitrario y que el recurrido no quiso escuchar su reclamación, no siendo éste competente para destituir a ningún funcionario pues no se realizó proceso interno alguno. Hizo constar que el Reglamento Interno de Personal de la Alcaldía de Presto, en su art. 10 determina que se exceptúa de la jornada y horario normal, entre otros, a la Oficial Mayor y que el memorando de destitución manifiesta despido por reestructuración sin hacer referencia a negligencia o faltas.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

El Alcalde recurrido a través de su abogado informó que por la documentación presentada en audiencia, se demuestra que la actora jamás asistió a su fuente de trabajo como consta en las planillas de asistencia de los meses de agosto a octubre, que no fueron firmadas. Acotó que la recurrente fue despedida no sólo por decisión del Alcalde sino por solicitud del Concejo Municipal de Presto, por incumplimiento de sus funciones, maltrato al personal, no siendo una funcionaria de carrera sino de libre designación, por lo que no corresponde seguirle proceso interno. A través del Fiscal sólo se le instruyó que entregue los documentos que tiene en su poder como chequeras y otros, porque no se podía esperar la voluntad de la recurrente ya que el 21 de octubre de 2004 procedió a sacar documentos de la Alcaldía. Por consiguiente, afirmó que al no existir violación de garantías ni derechos de la recurrente, no existe fundamento para declarar la procedencia del recurso planteado de su parte.

I.2.3. Resolución

La Sentencia de 5 de noviembre de 2004, de fs. 119 a 121, de acuerdo con el dictamen fiscal, declaró procedente el recurso, disponiendo la inmediata restitución a su fuente de trabajo como Oficial Mayor Administrativa de la Alcaldía de Presto a la recurrente, condenándose al pago de costas y pago de daños y perjuicios a la autoridad recurrida, con el fundamento de que la recurrente se encuentra en estado de gestación de cinco meses de acuerdo a los certificados médicos que cursan en obrados, siendo de aplicación imperativa la Ley 975 de 2 de mayo de 1988 que determina que toda mujer en período de gestación hasta un año del nacimiento del hijo gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas, habiendo por tanto la autoridad recurrida vulnerado el art. 1 de la indicada Ley al destituir de su fuente de trabajo a la recurrente.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.Por memorando de 1 de febrero de 2004, la recurrente fue designada en el cargo de Oficial Mayor Administrativo de la Alcaldía Municipal de Presto (fs. 1).

II.2.Mediante nota de 17 de septiembre de 2004, la recurrente hizo conocer al Alcalde anterior, Ernesto Plantarrosa Palacios, que se encontraba en estado de gestación, adjuntando un certificado médico que acreditaba dieciséis semanas de gestación y que su fecha probable de parto el 3 de marzo de 2005 (fs. 14); asimismo, aclaró que estaba asistiendo a consultorio particular mientras regularice los trámites de su afiliación al seguro de la Caja Nacional de Salud, para lo que le pidió dos días de permiso (fs. 13).

II.3.El 20 de septiembre de 2004, el entonces Alcalde de Presto, Ernesto Plantarrosa, acusó recibo de la nota anterior, indicándole que por ese motivo gozará de las consideraciones que le faculta la ley y que para garantizar su derecho al seguro social, le concedía el permiso solicitado con cargo a vacación (fs. 15). Por carta de 6 de octubre del pasado año, la misma autoridad le comunicó a la actora su renuncia como Alcalde, y le agradeció por su eficiencia y disciplina en el desempeño de su cargo (fs. 16).

II.4.Mediante memorando 02/2004, de 20 de octubre de 2004, el Alcalde recurrido comunicó a la actora que a partir de esa fecha se le agradecía los servicios prestados, debiendo entregar toda la documentación a su cargo (fs. 2). No consta la hora y fecha de entrega a la recurrente.

II.5.El certificado de atención prenatal emitido por la Caja Nacional de Salud el 26 de octubre de 2004, acredita que la recurrente, en su calidad de asegurada de la Alcaldía, recibe atención médica desde el quinto mes de embarazo, otorgándole a partir de esa fecha su habilitación para el subsidio prenatal (fs. 4).

II.6.A través de la carta notariada entregada el 28 del mismo mes y año, la recurrente pidió al Alcalde demandado la reconsideración de su despido, pidiendo se la reincorpore a su cargo y se deje sin efecto la nueva designación que realizó, toda vez que se encuentra en estado de gestación, que oportunamente puso en conocimiento del ex alcalde Ernesto Plantarrosa y que era de conocimiento en su fuente laboral ante el estado avanzado del mismo (fs. 3 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La actora alega que el Alcalde recurrido la despidió arbitrariamente pese a conocer de su estado de embarazo, vulnerando con ello sus derechos a la vida, la salud y la seguridad, al trabajo, a la seguridad social, a la defensa y la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 incs. a), b), d), k) y 16 de la CPE. En consecuencia corresponde analizar si en la especie se debe otorgar o no la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional.

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE, como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y las Leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y garantías.

III.2.Respecto de las situaciones que se dan cuando se prescinde de los servicios de una mujer que se encuentra en estado de gravidez, este Tribunal ha definido una clara línea jurisprudencial según la cual: "La Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1º establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado como lo expresa el precepto constitucional contenido en el art. 193 de la Carta Fundamental", además, que "Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo deben agotar las vías ordinarias de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable…" (SSCC 0785/2003-R y 1331/2003-R entre otras).

La anterior línea jurisprudencial fue modulada en la SC 1416/2004-R, de 1 de septiembre cuando determina que:"Cabe señalar, por otra parte, que en una correcta interpretación de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 invocada por la recurrente, relativa a la inamovilidad de su puesto de trabajo a favor de toda mujer en período de gestación, la empresa o empleador reatados a esta obligación, para su cumplimiento deben tener necesariamente conocimiento fehaciente del estado de embarazo de la mujer, estando vigente la relación laboral, o sea antes de que ésta concluya…".

Entendimiento que guarda coherencia con el principio general de que el amparo constitucional sólo brinda su tutela cuando, de un lado, el supuesto acto ilegal es impugnado, y de otro, cuando se ejerce el derecho cuya tutela se reclama posteriormente. Conforme a esto, en los supuestos de gravidez, la mujer embarazada tiene la obligación de hacer conocer tal extremo al empleador en vigencia de la relación laboral, y sólo si sobreviene el despido, no obstante tener tal conocimiento, puede activarse la tutela que brinda el art. 19 de la CPE, tal como recondujo la SC 286/2005-R, de 31 de marzo, concordante con la SC 1416/2004-R antes glosada.

III.3.De los antecedentes que cursan en obrados, se establece que la Alcaldía Municipal de Presto tenía pleno conocimiento del estado de embarazo de la actora, toda vez que ésta en el mes de septiembre, en plena vigencia de la relación laboral, comunicó de su estado al entonces Alcalde Municipal, quien le otorgó permiso a fin de que regularice su situación con la Caja Nacional de Salud. Es así que el recurrido al haber tomado la determinación de despedirla, pese a conocer el embarazo de la recurrente, ha incurrido en un acto ilegal que contraviene el art. 1º de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que dispone: "Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas y privadas", correspondiendo la protección inmediata de la actora para evitarle un perjuicio que pueda ser irreparable. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para tutelar prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación; sin que el argumento esgrimido por el recurrido, en sentido de que el cargo que ejercía la recurrentes es de libre nombramiento, dado que la protección de la norma es el resguardo de la maternidad, a tal extremo que ese resguardo a que alude el art. 1º de la Ley 975, se extiende incluso para las mujeres en gestación que presta funciones en la actividad privada.

Consiguientemente, el Tribunal de amparo al haber declarado procedente el recurso, valoró correctamente los hechos y los alcances del art. 19 de la CPE.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en revisión resuelve:
1º APROBAR la Sentencia de 5 de noviembre de 2004, cursante de fs. 119 a 121 vta., pronunciada por el Juez de Partido y de Sentencia de las provincias Yamparáez, Zudañéz y Azurduy con asiento en Tarabuco del departamento de Chuquisaca, con la modificación de que se deja sin efecto la condenación en costas al Alcalde recurrido, por no corresponder a la forma de resolución, manteniéndose la condenación al recurrido al pago de daños y perjuicios a ser calculados conforme al art. 102.VI de la LTC.
2º CONCEDER el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No intervienen las magistradas, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas y Dra. Martha Rojas Álvarez, la primera por estar en viaje en misión oficial y la segunda por encontrarse con licencia

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MagistradO